Miembros del Parlamento Europeo piden abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía

Desde hoy y hasta el próximo 6 de noviembre tendrá lugar la tercera y última ronda de negociaciones para reformar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).

  • 244 miembros de la Eurocámara y de los parlamentos nacionales de 20 países piden a la Unión Europea y sus Estados miembro que abandonen el Tratado sobre la Carta de la Energía si fracasan las negociaciones para su modernización.
  • La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, solicita al Estado español y al resto de Estados miembro de la UE que apoyen la eliminación gradual de los combustibles fósiles de la protección de inversiones que ofrece el Tratado sobre la Carta de la Energía lo antes posible. De lo contrario, será imposible cumplir con sus objetivos climáticos en 2030.

Hoy arranca la tercera ronda de negociaciones para modernizar un tratado absolutamente obsoleto que solo responde a las necesidades de los grandes inversores en combustibles fósiles: el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).

Sobre la mesa hay dos reivindicaciones clave recogidas en una declaración apoyada por 102 eurodiputados y eurodiputadas de seis grupos políticos diferentes y 142 diputados y diputadas de 20 países europeos: la reforma del TCE debe eliminar la protección a las inversiones en combustibles fósiles y el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, la famosa cláusula ISDS. 

La carta finaliza con un llamamiento a los Estados miembro de la UE para que en caso de que no se logren los dos objetivos propuestos, “se exploren las vías para su retirada conjunta del TCE a finales de este mismo año”. Los gobiernos tienen la última oportunidad para fortalecer sus compromisos climáticos como parte del proceso de modernización del tratado.

El TCE protege las inversiones en energías fósiles -petróleo, carbón y gas- y permite que inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos ante tribunales privados por la puesta en marcha de medidas climáticas. Si los combustibles fósiles no se eliminan progresivamente, las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero protegidas por el TCE en 2050 equivaldrían a un tercio del presupuesto mundial de carbono restante para el período 2018 – 2050.

Las cifras son cada vez más alarmantes. El número total de demandas conocidas bajo el TCE asciende a 129. La implementación de la nueva Ley de Clima de la UE o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España desencadenará nuevas demandas contra Estados que ponen en marcha sus planes nacionales de descarbonización.

De hecho, si no se abandonan los combustibles fósiles las demandas ISDS bajo el TCE podrían costar 1,3 billones de euros a los Estados miembro de la UE en 2050.  Recientemente, Países Bajos ha sido amenazado con una demanda millonaria por parte de la energética Uniper debido a su política de cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030.

La Comisión Europea ha fracasado en su compromiso de adoptar una postura común sobre la definición de actividad económica en el sector de la energía. Por ello, el debate sobre si los combustibles fósiles deben excluirse de la protección del TCE no estará en la agenda de negociación. Las propuestas que está impulsando la Comisión permitirían al menos 10 años más de protección a las inversiones en carbón, petróleo y gas, mientras que las inversiones en infraestructuras gasísticas podrían seguir siendo protegidas hasta 2040.

Asimismo, tecnologías muy controvertidas como el hidrógeno o la biomasa, podrían llegar a incluirse en el sistema de protección de inversiones del Tratado. Esto condena los propios compromisos climáticos de la UE: el proceso de modernización del TCE se alargará más allá de 2020 y el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo se convierten en papel mojado.

En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que sólo quedaban 11 años para evitar un aumento de la temperatura mundial por encima de 1,5 ºC. Por lo menos el 80 % de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben mantenerse bajo el suelo para evitar impactos catastróficos de la crisis climática. El Tratado sobre la Carta de la Energía camina en la dirección opuesta.